PostHeaderIcon Información legal de Costa Rica

PostHeaderIcon Salario de los empleados es un dato público

En una sentencia muy reciente, emitida bajo el número 2014-4031 del 21 de marzo  de 2014, la Sala Constitucional consideró que la información relativa a los salarios públicos, prevalece el principio de publicidad administrativa sobre el derecho a la intimidad, y así se observa al señalar que: "Tales sueldos son pagados con fondos públicos, por lo que se justifica su divulgación en virtud de los principios de transparencia y del control de las finanzas de la Administración". En la misma línea, señaló que "El Estado tiene el deber de informar al administrado acerca de sus actuaciones y progresivamente hacer accesible la información que se encuentre en su poder mediante los medios tecnológicos de que disponga", continúa el fallo.

Como se puede apreciar, la Sala Constitucional ha sido clara en establecer la naturaleza de la información relativa a los salarios como información publica.

Actualizado ( Martes, 25 de Marzo de 2014 22:58 )

 

PostHeaderIcon Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial

A continuación se pone a disposición de todos ustedes la Ley No.  9078  del 4 de octubre del 2012, denominada Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial, la cual, fue publicada en El Alcance No. 165 a La Gaceta No. 207 del  26 de octubre del 2012.

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Actualizado ( Jueves, 10 de Enero de 2013 00:17 )

 

PostHeaderIcon Derecho de Huelga

Mediante sentencia número 2011-010832 de las catorce horas y treinta minutos del 12 de agosto del 2011, de la Sala Constitucional, anula por inconstitucional el inciso c) del artículo 373 del Código de Trabajo, debiendo los jueces estarse a lo indicado en el Considerando VIII de la citada sentencia. Asimismo, por unanimidad, se declara sin lugar la acción respecto el inciso b) del artículo 373 del mismo cuerpo legal. 

Por mayoría se interpreta conforme a la Constitución el artículo 377 del Código de Trabajo en el sentido que la terminación de los contratos de trabajo es a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga y, en consecuencia, los trabajadores que participaron en el movimiento huelguístico antes de esa declaratoria no pueden ser despedidos, rebajados sus salarios ni sancionados de forma alguna por la mera participación en la huelga.

El inciso c) del artículo 373 establece otro de los requisitos que debe cumplirse para que una huelga sea declarada legal: Constituir por lo menos el sesenta por ciento de las personas que trabajen en la empresa, lugar o negocio de que se trate. De esta forma, mediante la sentencia indicada, dicho inciso es declarado inconstitucional.

Actualizado ( Lunes, 19 de Marzo de 2012 16:13 )

 

PostHeaderIcon Término para presentación de escritos

Respecto a la determinación del plazo para presentar un documento finalizado el término otorgado, debemos tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 147 del Código Procesal Civil que dice en lo que interesa: "En todo plazo, el día de vencimiento se tendrá por concluido en el instante en que, según la ley, deba cerrarse el despacho ordinario del órgano jurisdiccional en donde haya de hacerse la gestión o practicarse la diligencia, pero serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las diligencias iniciadas en la hora exacta en que se cierran las oficinas judiciales." 

No obstante, el Tribunal Primero Civil, en la sentencia número 48-4C de las trece horas quince minutos del veintiséis de enero de dos mil doce, ha reconocido que hoy en día, es posible presentar escritos por medios tecnológicos, de manera que esa realidad obliga a entender que el momento de presentación de documentos debe ajustarse a la dinámica que imponen las nuevas formas de interacción y actuación, lo que obligaría a los distitos despachos judiciales a que, eliminada la dependencia de que las oficinas estén abiertas para establecer comunicación, se haga es indispensable posibilitar a los sujetos procesales "la realización de actos procesales hasta las veinticuatro horas del día final del plazo", señalando al respecto, que "No es una ampliación del plazo, es la eliminación de una restricción histórica impuesta por las limitaciones de las viejas formas de comunicación".

En virtud de lo anterior, se tiene que los términos para presentación de documentos comprenden las veinticuatro horas de la fecha establecida al efecto.

Actualizado ( Lunes, 19 de Marzo de 2012 15:52 )

 

PostHeaderIcon Proceso Contencioso contra Decreto Nº- 36777-MP-TUR

La Ley 4286, Ley Para el Nombramiento de Comisiones de Festejos Populares, dispone que, y así lo confirmó la Procuraduría General de la República en diversos dictámenes de carácter  vinculante, el ente territorial, por imperio de ley, se encuentra impedido para autorizar la organización de los festejos populares de Palmares a Asociaciones, Fundaciones o cualquier otra entidad de carácter privado, lo que implica que los Festejos Populares pueden ser organizados únicamente por la misma Municipalidad.

No obstante, mediante la aplicación del Decreto Ejecutivo Número 36777-MH-TUR se habilitó para que Asociaciones de carácter privado puedan llevar a cabo Festejos Populares, siendo dicha actuación contraria a Derecho por diversos motivos, lo que dió origen a la interposición de un PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para que en sentencia sea declarada la nulidad del Decreto Ejecutivo Nº 36777-MP-TUR, denominado “REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 4286 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1968 DE NOMBRAMIENTO DE COMISIONES DE FESTEJOS POPULARES”, publicado en el Alcance Digital N° 63 a la Gaceta N° 181 del 21 de setiembre de 2011.

Adjunto el escrito de demanda, sobre el cual, se le otorgó el respectivo traslado a la Procuraduría General de la República, siendo que en los próximos días vence el respectivo emplazamiento, y una vez finalizado este, se está a la espera de que se declare y se tramite el presente proceso como un PROCESO CONSENSUADO, a tenor de lo dispuesto en el artículo 69 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo; y en caso de que no se presenten las condiciones requeridas para el mismo, se tramite de conformidad con lo dispuesto por el artículo número 98 inciso 2) del citado código, mediante un Proceso de PURO DERECHO.

Expediente Número 11-006724-1027-CA-0.

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PostHeaderIcon Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia

En estos días, estar por entrar a regir la ley número 8837, denominada “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación de Implementación de nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal”, la cual se públicó en Alcance Nº 10-A a La Gaceta Nº 111 del Miércoles 9 de junio de 2010.

El origen de la promulgación de esta Ley surge a raíz del caso de los periodístas Mauricio Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser del Diario La Nación, Costa Rica. Al respecto, exponemos los argumentos que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sitio web oficial.
 
"El 1 de marzo de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado costarricense la adopción de medidas cautelares para preservar los derechos del señor Mauricio Herrera Ulloa y el señor Fernán Vargas Rohrmoser del diario La Nación.  Según información recibida, la Sala III de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena penal contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa a 120 días multa e instruyó la inscripción de su nombre en el Registro Judicial de Delincuentes por dar a conocer información publicada en medios europeos que cuestionan al ex-Embajador honorario de Costa Rica ante la Comisión de Energía Atómica, Félix Przedborski por presunto “daño moral”.  Asimismo, por publicar dicha información,  el periódico La Nación debe pagar honorarios del abogado contrario y se le ha dispuesto la prohibición judicial de "retirar el enlace existente en La Nación Digital que se encuentra en el Internet, entre el apellido Przedborski y los artículos querellados, así como establecer una liga entre estos artículos y la parte dispositiva de esta sentencia, cuya publicación ha sido ordenada”. 
 
La Comisión sostiene que los hechos denunciados, podrían constituir "daños irreparables" a los derechos humanos del periodista Herrera Ulloa y el señor Fernán Vargas Rohrmoser del diario La Nación como así también representa un daño irreparable para  los ciudadanos costarricenses que se ven privados de acceder a información sobre las actividades de los funcionarios públicos.  Con respecto al Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión la Comisión ha interpretado como  “daño irreparable” el cercenamiento de medidas que limiten la libertad de expresión.  El derecho y respeto de la libertad de expresión se erige como instrumento que permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los procesos democráticos, a la vez de dar a la ciudadanía un instrumento básico de participación informada"
 
Ponemos a disposición la demanda de las víctimas que fue interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el texto íntegro de la Sentencia de 2 de julio de 2004 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
En virtud de la entrada en vigencia de dicha ley, adjuntamos la misma.
 
 
 

Actualizado ( Lunes, 05 de Diciembre de 2011 21:29 )

 

PostHeaderIcon Proceso Contencioso Administrativo contra el Decreto Ejecutivo Nº 36777-MP-TUR

Como noticia de última hora, tenemos conocimiento de que el día veintinueve de noviembre del dos mil once, se interpuso un PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para que en sentencia sea declarada la nulidad del Decreto Ejecutivo Nº 36777-MP-TUR, denominado “REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY N° 4286 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1968 DE NOMBRAMIENTO DE COMISIONES DE FESTEJOS POPULARES”, publicado en el Alcance Digital N° 63 a la Gaceta N° 181 del 21 de setiembre de 2011, mediante el cual, el Poder Ejecutivo habilitó que las ferias, festivales, exposiciones de diversa índole, carnavales, topes y otros eventos similares sean organizados por iniciativa y financiamiento de personas de derecho privado, tanto físicas, jurídicas, asociaciones y/o comunidades organizadas, y que únicamente deben contar con la autorización expresa por parte de la respectiva Municipalidad.

Al respecto, mediante resoluciones de las dieciséis horas con cincuenta y tres minutos y dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, ambas del día veintinueve de noviembre del dos mil once, se le dió curso a la demanda interpuesta, notificándose tanto a la parte actora como al Estado, para que éste último ejerza su defensa.

Dentro de unos días estaremos publicando por este medio los motivos en que se fundamenta la demanda interpuesta.

 

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