Mediante sentencia número 2011-010832 de las catorce horas y treinta minutos del 12 de agosto del 2011, de la Sala Constitucional, anula por inconstitucional el inciso c) del artículo 373 del Código de Trabajo, debiendo los jueces estarse a lo indicado en el Considerando VIII de la citada sentencia. Asimismo, por unanimidad, se declara sin lugar la acción respecto el inciso b) del artículo 373 del mismo cuerpo legal. 

Por mayoría se interpreta conforme a la Constitución el artículo 377 del Código de Trabajo en el sentido que la terminación de los contratos de trabajo es a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga y, en consecuencia, los trabajadores que participaron en el movimiento huelguístico antes de esa declaratoria no pueden ser despedidos, rebajados sus salarios ni sancionados de forma alguna por la mera participación en la huelga.

El inciso c) del artículo 373 establece otro de los requisitos que debe cumplirse para que una huelga sea declarada legal: Constituir por lo menos el sesenta por ciento de las personas que trabajen en la empresa, lugar o negocio de que se trate. De esta forma, mediante la sentencia indicada, dicho inciso es declarado inconstitucional.

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Sentencia número 10832-2011 de la Sala Constitucional

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Días atrás, prescisamente el día 27 de mayo del 2011,  la Sala Constitucional había declarado inconstitucional la multa económica por el no uso del cinturón de seguridad, por haber considerado que esa multa es desproporcionada e irrazonable, asimismo, el día de hoy se ha dado a conocer que de los siete magistrados de la Sala, tres salvaron el voto en la acción que fue resuelta este miércoles a las 2:30 de la tarde, en la cual declaran la inconstitucionalidad de la multa por no portar revisión técnica vehicular. 

En el comunicado de prensa que se anuncia dicha resolución indicaron: "Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de la norma anulada, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. Se dimensionan los efectos de esta sentencia en el sentido que el Estado no repetirá lo pagado por las multas que se hubiesen pagado, y que estén firmes en sede administrativa o judicial, y que esta declaratoria de inconstitucionalidad recobra vigencia la disposición anterior a la reforma operada por Ley 8696 de 17 de diciembre del 2008".

Por el momento se brinda esta información para conocimiento, apenas se tenga el detalle de la resolución respectiva la estaremos dando a conocer por este medio.

En reiteradas ocasiones la Sala Constitucional ha declarado con lugar recursos de amparo contra el acoso telefónico por cobro de deudas, como puede consultarse en las resoluciones números 2010-015398, 2011-4721, 2011-010348, entre otras, de dicha Sala. El caso resuelto mediante la resolución 2011-010348 de ha implicado un acoso y hostigamiento cobratorio directo al deudor, el cual manifestó que no ha podido cancelar la deuda por insolvencia económica, de manera que la Sala obligó a suspender dichas acciones. Por otra parte, en la resolución número 2011-4721 se resuelve que la recurrida "irrumpió injustificadamente en el ámbito de privacidad, ya que sin ninguna autorización o anuencia por parte de la amparada, procedió a efectuar llamadas y enviar mensajes de texto por el cobro de una deuda de la que no es ni codeudora, ni fiadora". Como puede verse, existe resoluciones que protegen al deudor de acoso telefónico por cobro de deudas, así como a quienes las reciban sin tener relación directa en el cobro de la deuda que se les realiza.

Respecto a este tema, el artículo 35 del Reglamento de Tarjetas de Crédito señala que para realizar gestiones de cobro, deberán hacerlo directamente con el deudor y sus fiadores, al respecto, el artículo señala:

“No se podrá realizar dicha gestión con personas distintas a las ya indicadas. Tampoco podrán utilizar prácticas de acoso y hostigamiento para el cobro de las acreencias”.

Adjunto la resolución número 2010015398.

Adjuntos:

Sala Constitucional 015398-2010

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